Primera Plana de Semanario Avanzada, Colima, Colima a 21 de Mayo de 2006
Laguna Amenazada

SUMARIOS
** Aumentan jaloneos de ambientalistas y autoridades por el proyecto de la regasificadora ** Se suman organizaciones internacionales a las protestas contra el proyecto, debido a los riesgos que implica para la preservación de la laguna de Cuyutlán ** Aunque todavía no se aprueba la Manifestación de Impacto Ambiental, ya está lista la convocatoria para licitar la obra ** Más de 50 compañías de varios países han solicitado información al respecto

Pedro Zamora Briseño

Mientras que los gobiernos federal y estatal avanzan con los planes para construir la planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en un área de la laguna de Cuyutlán, organizaciones ambientalistas locales, nacionales e internacionales multiplican las voces de alerta sobre los peligros que a su juicio implica el desarrollo de ese proyecto para la supervivencia del vaso lacustre.
El caso más reciente fue el de la organización ecologista Wildcoast, dedicada a proteger y preservar ecosistemas costeros en las californias y los países de América Latina, que solicitó al presidente Vicente Fox detener el proyecto que la Comisión Federal de Electricidad pretende instalar en la laguna de Cuyutlán.
“Se pondría en riesgo la supervivencia de aves acuáticas, las pesquerías y las comunidades locales que dependen de un humedal en buenas condiciones para su sustento económico”, argumentó el organismo.
A través de un documento firmado por su director general, Serge Dedina, la organización pidió al mandatario mexicano unirse al esfuerzo global de conservar los últimos reductos de manglares para las futuras generaciones.
Copia de la carta fue remitida al gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos; al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Luis Luege Tamargo, y a Eduardo Romero Ramos, titular de la Secretaría de la Función Pública, estos dos últimos del gobierno federal.
Dedina advirtió que aunque las leyes ambientales mexicanas prohíben la construcción de complejos industriales de alto impacto en ecosistemas protegidos por programas de ordenamiento territorial, algunas autoridades están tratando de modificar ese estatus de la laguna para eliminar esas restricciones.
Alertó que la destrucción de la laguna de Cuyutlán, ubicada entre los municipios de Armería y Manzanillo, afectaría la industria turística y desplazaría a cientos de familias de pescadores, productores de sal y proveedores de servicios turísticos; y causaría la pérdida de un importante depósito de biodiversidad para el mundo.
El dirigente de la organización internacional recordó que en 1994 los gobiernos de México, Estados y Canadá auspiciaron el proyecto de un atlas de aves acuáticas y costeras en México. “Los resultados de este trabajo mostraron que de los 98 sitios muestreados, la laguna de Cuyutlán es el segundo sitio de mayor importancia para aves acuáticas migratorias del estrecho del Pacífico mexicano, que se extiende de Culiacán, Sinaloa, hasta la frontera de Guatemala”.
Los humedales, en especial los manglares, explicó Serge Dedina, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo, pues más de 18 millones de hectáreas han sido destruidos, con el consecuente impacto en las comunidades locales, la diversidad biológica y la degradación de costas.
El representante de la organización ecologista le manifestó a Vicente Fox que como consecuencia del proyecto de la planta de gas natural se destruiría parte del patrimonio natural del pueblo de México y se violarían las leyes mexicanas, pero a pesar de que esto ha sido denunciado insistentemente por diversas organizaciones locales, no ha habido hasta ahora respuesta del gobierno federal.
En tanto, en marzo pasado organizaciones ecologistas de 16 países, participantes en actividades alternas al Foro Mundial del Agua, suscribieron un documento en el que se manifestaron en contra de la destrucción de la laguna.
A través del documento denominado Declaración Ciudadana sobre la Laguna de Cuyutlán, denunciaron que el gobierno federal foxista y el gobierno estatal priísta, en alianza estratégica, buscan mediante actos ilegales otorgar las autorizaciones de cambio de uso de suelo y Manifestación de Impacto Ambiental para permitir la instalación de un corredor industrial de alto impacto y riesgo en los vasos I y II del cuerpo lagunar.
Esta situación, afirmaron, destruirá las condiciones para el desarrollo de los ecosistemas de los humedales costeros de manglar y de vida acuática, así como la destrucción y desplazamientos de las actividades productivas de pesca artesanal, de pequeños ramaderos turísticos y de los residentes históricos de la Laguna, permitiendo que empresas transnacionales se apoderen del territorio para instalar jugosos negocios de energía eléctrica, gas natural licuado, gas LP y ampliación portuaria a costa del interés público de todos los mexicanos.
Señalaron que la preocupación de los habitantes ha hecho que un grupo de ecologistas y pescadores ribereños interpusiera el pasado 23 de febrero una demanda penal contra directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la desecación de la Laguna de manera deliberada violando la NOM022-SEMARNAT-2003 y así evitar la evaluación de impacto ambiental para beneficiar la instalación de una regasificadora de GNL, justificando en la Ley General de Equilibrio Ecológico una contingencia ambiental.
Y fue en abril cuando autoridades estatales y federales decidieron actuar frente a la desecación de la laguna, mediante trabajos de desazolve del canal de Tepalcates, para incrementar el volumen del cuerpo lagunar, que había bajado considerablemente.
Desde abril de 2005, diversas organizaciones sociales de la entidad expresaron su preocupación ante el proyecto de modificaciones al Programa Regional de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán, mediante el que las autoridades pretenden cambiar la vocación de uso de suelo de amplias zonas hacia el ramo industrial.
Durante la consulta pública realizada al respecto en aquella ocasión, representantes de promotores turísticos y pescadores consideraron que los cambios promovidos por las autoridades constituían un “chaleco a la medida” del proyecto de la planta de gas natural licuado aprobado por la CFE para Manzanillo, que contempla una inversión de 1,500 a 1,800 millones de dólares.
Ahora, a más de un año de distancia, el secretario de Fomento Económico del gobierno estatal, Ignacio Peralta Sánchez, anunció que la elaboración del proyecto de la regasificadora tiene un avance de 80 por ciento y que al menos 50 empresas de Japón, Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea ya conocen la convocatoria para la licitación de la obra.
De acuerdo con la declaración del funcionario, en la primera etapa de la obra se estima que habrá una inversión de 300 a 400 millones de dólares.
Y mientras se realizan estos trámites, aún no es aprobada por la Semarnat la manifestación de impacto ambiental de la obra, de la que a principios de mayo se realizó una consulta pública entre diversos sectores de la sociedad.
En el evento, el grupo ecologista Bios Iguana acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Universidad de Colima de mentir “de manera dolosa” cuando afirman que el proyecto de la terminal de gas natural licuado es compatible con los instrumentos legales ambientales.
El presidente de la organización ambientalista, Gabriel Martínez Campos, sostuvo que al hacer su lectura del instrumento legal y relacionarlo con el proyecto la CFE y la institución educativa “omiten o niegan la existencia de las condiciones biológicas, los ecosistemas, las especies o inclusive las reconocen sólo en escenarios distintos o distantes del lugar del asentamiento del proyecto, para lograr adecuarlo a las condicionantes legales”.
Martínez Campos señaló que con la ubicación del proyecto, la legislación ambiental ha sido “pisoteada”, especialmente el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del estado de Colima.
El dirigente ecologista indicó que de acuerdo con programa de ordenamiento ecológico territorial vigente, el proyecto de la terminal de gas natural licuado se encuentra ubicado sobre nueve unidades de gestión ambiental, que según el ordenamiento deberían ser destinadas a otras actividades diferentes a la industrial.
La unidades de gestión ambiental que serían afectadas por el proyecto son la Ent8, Ent15, Ff17, Ag26, Ac31, If36, Ent39, Ent40, Ff43, en las que sólo se permiten actividades de turismo de bajo impacto, pecuario, acuacultura y agricultura, además de que en la mayoría de ellas se establecen políticas de protección, conservación y restauración por la existencia en algunos casos de dunas costeras y sitios de desove de tortugas marinas.
Por lo tanto, señaló Gabriel Martínez, dentro de las prohibiciones que marca el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán se encuentran, entre otras, deforestar, destruir, desecar o rellenar humedales, manglares, esteros o pantanos; modificar la línea de costa o modificar de alguna forma playas arenosas o rocosas y dunas costeras; realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o en zonas aledañas, sin antes haber realizado estudios técnicos pertinentes, así como instalar plataformas o infraestructura de cualquier otra índole.
Sin embargo, desde las primeras manifestaciones contra el proyecto de la terminal de gas natural licuado en la laguna de Cuyutlán, hace poco más de un año, el gobernador Silverio Cavazos mostró que no está dispuesto a negociar.
“Si alguien le está apostando a que el puerto no se desarrolle, se va a encontrar con la voluntad férrea del gobierno del estado, que no va a permitir que por intereses personales, algunos puedan oponerse a esta inversión”, dijo aquella vez.
Este proyecto CFE abastecería de gas natural en primer lugar a la termoeléctrica —lo que según las autoridades reduciría en 95% los actuales niveles de contaminación—, y a través de un gasoducto alimentaría de combustible a industrias de Jalisco y otras entidades de la zona centro-occidente del país.
Desde el primer momento, Cavazos sostuvo que la instalación de la planta de gas natural “es importantísima para el desarrollo económico del estado y de la región, y sobre todo que también vendrá a beneficiar adicionalmente a la inversión productiva y la generación de empleos, así como el problema de contaminación por el que muchos años se han quejado los manzanillenses”.